Ministro de Justicia, ¿un oxímoron?

Al no ser un ministro como los demás, el Ministro de Justicia ocupa un lugar singular que, sin estar libre de sospecha, es legítimo. El capital simbólico del que goza no puede hacernos olvidar la red de limitaciones (presupuestarias, de gestión de las profesiones, de relaciones con los medios de comunicación y, sobre todo, políticas) en la que se ve atrapado. Inmerso en una paradoja permanente, representa la relación entre el poder político y el mundo de la justicia, pero también a la inversa. Surgen sospechas acerca de su supuesta influencia en el curso de la justicia (nombramiento de fiscales, instrucciones generales, ...). Para paliar estas dudas, se proponen soluciones tanto de carácter radical (supresión del Ministerio de Justicia) como gradual (instauración de un fiscal general del Estado nombrado democráticamente). Sin embargo, el lugar del Ministro de Justicia está legitimado por tres elementos indiscutibles: la coherencia de la organización judicial en el seno de nuestra democracia parlamentaria, la necesidad de una presencia ministerial, especialmente en tiempos de crisis, y la unidad del Derecho y del Estado.